Uno de los mayores y más espectaculares casos de corrupción en España ha sido ‘El Caso Gürtel, el cual es un ejemplo muy típico de la corrupción en España; ya que involucra sobornos, un hombre de negocios, el principal partido en el poder, el Partido Popular, y todos los niveles de políticos, a nivel local y nacional, están involucrados. Mientras hay muchos casos de corrupción en España, este caso es raro, dada la duración y la cantidad de dinero involucrado.

El hombre más importante en este caso es Francisco Correa, un empresario cuyas compañías se beneficiaron a cambio de dar dinero al Partido Popular,  mediante contratos para trabajos públicos. Adicionalmente, dentro del PP, el ex tesorero, Luis Bárcenas, tenía una cuenta bancaria en Suecia, en la que Correa le habría ingresado los sobornos, y después Bárcenas le habría pasado cheques con cantidades que fluctuaban entre los cinco mil y los diez mil euros. Estas prácticas tuvieron lugar entre 1999 y 2005. En total, está estimado que el caso involucró más de 350,000 euros en sobornos y contratos, un cantidad enorme.

Además, el aumento de proyectos de construcción en España durante la primera década de este siglo hasta 2008 también fue causado en parte por el Caso Gürtel. El aumento de construcción, como es sabido, fue una de las causas de la recesión en España en 2008. Entonces, este caso de corrupción ha tenido efectos muy profundos en este país y su economía. Este entramado vio la luz pública en el año 2009, cuando el famoso juez Baltasar Garzón decidió investigar en caso. Pero en 2010 se descubrió que Garzón había grabado en secreto conversaciones de los acusados. Después, en 2012, otro juez, Pablo Ruz, retomó el caso y descubrió las cuentas del Partido Popular en Suecia. En octubre daba comienzo el juicio más grande celebrado de España con 37 acusados, condenados a pagar un bono de 449 millones de euros. Si el Sr. Correa es declarado culpable podría enfrentarse a una pena de 125 años de cárcel, mientras que Bárcenas podría ser sentenciado a una pena de 42 años.

La investigación de este caso llega durante una época en la que corrupción es una de las mayores preocupaciones para la opinión pública. Según una encuesta realizada en diciembre por El Centro de Investigaciones Sociológicas, la corrupción es el problema más grande en el país, seguido por el desempleo. Además, el 80% de los encuestados creen que el gobierno está haciendo un mal trabajo para combatir corrupción (El País). De esta manera, la ira popular con la corrupción podría ser unas de las razones por las que el juicio contra los ex miembros del PP y hombres de negocios está teniendo lugar ahora. También, el gobierno ha ido tratando de hacer público el juicio y hacer un ejemplo de ellos, para mostrar que la corrupción es un tema muy importante.

Este caso muestra que uno de los problemas más grandes es la lucha contra la corrupción, y es lo que separa a España de muchos otros países, en especial en lo que se refiere a los denunciantes. Según a un reporte de la organización Transparencia Internacional, a diferencia de muchos otros países, como los Estados Unidos, España no tiene ninguna ley para proteger a los informantes o denunciantes. En España, según el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los ciudadanos están obligados a dar a conocer los delitos de los que tengan conocimiento, pero después, ellos deben dar sus identidades a las autoridades (Whistleblowing in Europe, 79). Entonces, para estar seguro que las autoridades investiguen sus acusaciones, es imposible mostrar documentos una manera anónima. Así, mientras es todavía ilegal despedir a un empleado a causa de ser un denunciante, su identidad no es anónima. Es posible que la falta de protección haya desalentado a muchos trabajadores del gobierno o ciudadanos de presentar evidencias de corrupción al público, y al mismo tiempo, ha alentado la corrupción de los políticos porque ellos saben que sería muy peligroso para un ciudadano denunciarlos.

 

 

Desafortunadamente, esto ya ha ocurrido en el caso de Gürtel. Una informante del caso, Ana Garrido, es un ejemplo claro de lo peligroso que es tratar a exponer las acciones de los políticos al público. Ana Garrido era una trabajadora en el ayuntamiento de Boadilla del Monte. En 2008, ella compiló trescientas páginas de documentos con las evidencias de que el ayuntamiento local y su alcalde, Arturo Panero, había dado contratos a varias empresas a cambio de dinero. Después, ella dio los documentos a una organización contra la corrupción que se llama “Manos Limpias”, quienes a su vez dieron estos documentos al Tribunal Nacional de Justicia (aunque al mismo tiempo, ahora Manos Limpias está siendo investigada porque aparentemente, también recibieron dinero de políticos a cambio de no publicar evidencias incriminatorias contra ellos). Ana Garrido consiguió regresar a su antiguo trabajo en 2011, pero solo duró algunos meses, porque su presencia molestaba mucho en la administración municipal de Boadilla del Monte. Finalmente, durante el año pasado, cuando ella fue citada a testificar contra el Partido Popular en el caso Gürtel, Ana Garrido estaba desempleada y sin una vivienda, todo ello a causa de ser una denunciante.

 

Además, el caso de Sra. Garrido no es único. Por ejemplo, es posible que otro informante, Roberto Macías, vaya a la cárcel a causa de sus acciones.  Macías extrajo datos de unos ordenadores para exponer el fraude dentro de un sindicato, la sección en Andalucía de la Unión General de Trabajadores (UGT). Pero ahora, él está acusado de robo. Si es condenado, irá al cárcel durante tres años. Estos dos casos ayudan a explicar las razones por las cuales sigue la corrupción. Por eso es muy peligroso dar información sobre corrupción a los medios o al Ministerio de Justicia, porque esta acción podría arruinar tanto la carrera como la economía y la vida completa del denunciante.

Una de las consecuencias indirectas de la publicidad del Caso Gürtel sería que el gobierno hiciera finalmente esfuerzos para reducir la corrupción. Por ejemplo, en Octubre de 2016, el gobierno anunció que ellos han formado una comisión anti-corrupción, que incluirá revisiones sobre cómo cambiar la ley electoral y sobre la financiación de partidos. Pero, esta comisión no tiene el apoyo del PP, probablemente porque la mayoría de los acusados en el Caso Gürtel eran políticos del PP. Y mientras este partido tenga la mayoría en el gobierno, y si Rajoy y el PP siguen estando en contra de las investigaciones de corrupción, es posible que ellos pierdan poder en las próximas elecciones.

Finalmente, este caso de corrupción podría causar la disminución del número de políticos a nivel local. Un problema en España es la politización de las instituciones públicas. En otras palabras, la mayoría de trabajos en los gobiernos y ayuntamientos locales son dependientes del partido que tiene el poder; entonces, los trabajadores locales están más dispuestos a ser corruptos y asegurar que su partido mantenga el poder, para conservar su trabajo. Por ejemplo, en Andalucía, el PSOE mantiene el poder desde hace 40 años, y se han producido muchos casos de corrupción, como sobornos al Presidente de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Rio. Entonces, si los políticos no hacen un esfuerzo más grande para combatir la corrupción, más y más gente protestarán, y posiblemente, el PP perderá el poder en el gobierno (y el PSOE en Andalucía).

 

 

Bibliografía consultada

 

Alberola, Miquel. “New Government and End to Impasse Not Enough for Spanish Voters.El País. N.p., 05 Dec. 2016. Web. 21 Mar. 2017.

Garea, Fernando. “Can Spain’s First Anti-graft Commission Restore Voter Confidence?EL PAÍS. N.p., 18 Oct. 2016. Web. 21 Mar. 2017.

Worth, Mark. WHISTLEBLOWING IN EUROPE: LEGAL PROTECTIONS FOR WHISTLEBLOWERS IN THE EU. Rep. N.p.: Transparency International, 2013.

 

 

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